Miles de niños en peligro: trabajadores del condado de Los Angeles están en huelga
Denuncian sobrecarga de trabajo y buscan sentar precedente a nivel nacional
Miles de trabajadores del Departamento de Niños y Servicios Familiares entraron en el quinto día de huelga exigiendo menor número de casos asignados por el DFCS y la contratación de más trabajadores sociales.
La sobrecarga de trabajo es el tema crucial para la reforma del DFCS porque impide la capacidad de los trabajadores para realizar su labor de forma más competente.
"No se trata de un asunto de salarios, sino de la seguridad de los niños", dijo Blanca Gómez, directora ejecutiva y vicepresidenta del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU) local 721. "La Junta de Supervisores [del condado de Los Angeles] no quiere poner por escrito su compromiso de reducir la carga de trabajo".
A la huelga de trabajadores del SEIU se han unido los empleados del Departamento de Servicios Sociales Públicos (DPSS), quienes se manifestaron con "líneas de piquete" frente a las oficinas de los supervisores del condado, "para que no se ignore nuestro mensaje".
"No hay condiciones de trabajo favorables en el Departamento de Niños y Servicios Familiares; no pueden brindar atención digna a la comunidad", dijo Oscar Valladares, empleado del DPSS, quien decidio no cruzar la línea de huelga de sus compañeros. "Estoy en solidaridad con ellos; creo que realmente los supervisores y los políticos tienen que llegar a un arreglo, porque nadie quiere estar en huelga"
De hecho, los huelguistas movilizaron sus "líneas de piquete" a las oficinas de campo de los supervisores Mark Ridley-Thomas, Gloria Molina, Zev Yaroslavsky, Don Knabe y Michael Antonovich.
La lucha laboral ya ha recibido el respaldo de las congresistas demócratas Judy Chu y Janice Hahn, además de funcionarios públicos como el alcalde de la ciudad de El Monte, André Quintero y la concejal de Pasadena, Jackie Robinson, quienes han solicitado a los Supervisores a que tomen acción.
A juicio de los trabajadores, el DFCS ha estado en crisis desde 2008 a causa del aumento de casos asignados a los trabajadores sociales, sin que haya una respuesta positiva de la Junta de Supervisores.
"Cada año nos han asignado más y más casos", dijo Christie Parkin. "Humanamente no alcanzan los días ni las horas del mes para atender correcta y profesionalmente cada caso".
La huelga que comenzó el 5 de diciembre incluye a más de 3,600 supervisores y trabajadores sociales. El llamado al paro laboral fue hecho por la local 721 del SEIU, que representa a más de 55,000 empleados del condado, que han estado trabajando sin contrato por más de dos meses.
Las "líneas de piquete" atrajeron multitudes de protestas afuera de las oficinas del DCFS en ciudades como Compton, Torrance, Lakewood, West Los Angeles, Chatsworth, Santa Clarita, Palmdale, Lancaster, Glendora, Pasadena, Covina y Santa Fe Springs.
Armados con pancartas, silbatos, tambores y el grito de lucha: "Everywhere we go. People want to know. Who we are? So we tell them. We are the workers. The mighty, mighty workers. Fighting for children and their safety" ("A donde quiera que vamos. La gente quiere saber. ¿Quiénes somos? Así que les decimos. Somos los trabajadores. Los poderosos, los trabajadores poderosos. Luchando por los niños y su seguridad".
"Estamos en huelga, así que no tendré días de feriado", lamentó Carol Rosenbleum. "Nosotros queremos hacer bien nuestro trabajo, pero es difícil rastrear cada caso porque son demasiados los que nos asignan".
El paro laboral se puso en marcha después que las negociaciones contractuales entre el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios Públicos, SEIU 721 y el DFCS llegaron a un callejón sin salida.
"Haremos historia", agregó Blanca Gómez. "Nosotros representamos al departamento de cuidado social más grande del país y nos convertiremos en un modelo para el resto de la nación".
William Fujioka, ejecutivo del condado angelino cuestionó el movimiento sindical cuando aparentemente ambas partes estaban cerca de lograr un acuerdo,
"Es decepcionante que estén dispuestos a tomar una acción que tiene un impacto tan grave en los servicios públicos cuando estamos tan cerca de cerrar un acuerdo", dijo.
Para aumentar la presión, los huelguistas presentaron una demanda por presuntas prácticas laborales injustas contra el Condado. Los cargos incluyen:
- Interferir y restringir las relaciones laborales al imponer condiciones no razonables que disuelven fácilmente sus beneficios sociales en medio de las negociaciones contractuales con el SEIU 721.
- Vigilar, intimidad, acosar y tomar represalias contra miembros negociadores y líderes de la unión por participar en actividades sindicales protegidas.
- Discriminar ilegalmente a miembros del SEIU Local 721 por ejercer sus derechos de negociación colectiva.
- Negociar de mala fe, incluyendo trato directo, tácticas dilatorias, negociación regresiva, superficial y suministro de declaraciones falsas y engañosas; no proporcionar la información crítica de negociación a múltiples solicitudes de información.