Stephanie Pucheta quiere que vuelva su papá deportado (VIDEO)

Stephanie Pucheta quiere de vuelta a su papá deportado (VIDEO)

WASHINGTON, D.C.- Cada día, durante dos semanas, Stephanie Pucheta, de 10 años de edad, se sentó frente a una cámara y habló sobre su padre, Julio César Pucheta, quien fue deportado en enero. Habló del día en que un juez le dijo a su padre que iba a ser forzado a dejar la casa, de cómo un día ella misma fue evacuada de la sala del tribunal porque no podía dejar de llorar, sobre la enfermedad crónica y sin cura de la que sufre su madre, y de que está haciendo sus tareas de la escuela sola, porque no tiene la ayuda de su padre.

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“Mi vida ha cambiado sin mi papá”, dice Stephanie, una ciudadana estadounidense, nacida en este país, a la cámara en español. Rompe en llanto: “desde que se fue lo extraño cada día. Cada mañana cuando me despierto me pregunto por qué no le dejaron quedarse aquí. ¿Por qué tienen que ser tan crueles con las familias que están aquí?
Cuando lo terminó, envió el video a Cuéntame, una organización que comparte historias de inmigrantes. Cuéntame le había enviado la cámara para que ella la use para contar la suya.

Cuéntame fue uno de innumerables grupos a los que la pequeña niña se dirigió en un intento desesperado de hallar a alguien que le pueda ayudar a impedir que su padre fuese enviado a México. Pero era demasiado tarde. Ahora, como miles de otros niños en Estados Unidos, vive en el país sin uno de sus padres, por una política migratoria que no considera la relación de la familia con los niños.

El Congreso de EE.UU. ha estado debatiendo la reforma migratoria integral desde 2001, con la intención de prevenir tragedias tan predecibles como la que vive la pequeña Stephanie. Familias como la de ella pagan diariamente el precio por el fracaso del Congreso de aprobar una propuesta de ley, pero también por la política de la administración de Barack Obama de deportar a indocumentados a un ritmo récord.

La moción de ley que se está debatiendo en estos momentos en Washington incluye numerosas cláusulas que podrían ayudar a familias como la de Stephanie. La legislación que propuso el así llamado grupo de los ocho – cuatro senadores de cada partido – si se aprueba, proporcionará a algunos indocumentados el camino a la ciudadanía y permitirá a algunos de los que fueron ya deportados volver a Estados Unidos y reencontrarse con sus familias. Se permitirá a los funcionarios de inmigración ser más flexibles al considerar las dificultades que confrontan niños cuyo padre o madre está por ser deportado.

La propuesta de ley tiene todavía que pasar la aprobación del Comité de Asuntos Judiciales del Senado, en donde se está debatiendo actualmente, y luego ser aprobado por el pleno del Senado. En el camino, las buenas intenciones del proyecto pueden ser frustradas por un número de enmiendas propuestas. El senador republicano de Iowa Chuck Grassley, por ejemplo, propuso que los jueces de inmigración no puedan tomar en cuenta a la hora de decidir, el sufrimiento de un hijo o hijo que sea ciudadano de Estados Unidos, causado por la deportación. El senador republicano de Alabama Jeff Sessions propuso otra enmienda que haría llegar a ser ciudadano prácticamente imposible para los indocumentados, a causa de los requisitos de altos ingresos que contiene. Otra enmienda del mismo Sessions hará más difícil que se apruebe la inmigración de candidatos con base en sus vínculos familiares aquí.

Axel Caballero, fundador de Cuéntame, dice que el grupo abriga la esperanza de que el video de Stephanie ayude a los legisladores a pensar sobre las familias como la de ella, cuando debatan la reforma migratoria.

“La historia de Stephanie es emblemática, un ejemplo de más de 25,000 inmigrantes que cada año solicitan perdón migratorio por razones de unidad familiar y que son rechazados por un sistema migratorio que prefiere aplicar políticas severas y ciegas que ser sensible a las soluciones de derechos humanos”, escribe Caballero en un correo electrónico.

“Pedimos a los legisladores que escuchen a Stephanie y a los miles de niños inmigrantes e indefensos, que buscan una solución rápida y eficiente cuando discuten la ley de reforma migratoria”.

Stephanie Pucheta nació en Georgia en 2002, pocos años después de que sus padres llegaran a Estados Unidos de México sin autorización. No supo que los padres eran indocumentados hasta que tuvo 8 años de edad, mientras trabajaba en un proyecto para la escuela.

Su padre fue detenido después de un arresto por DUI – manejaba bajo la influencia del alcohol – en 2012, y mantenido preso durante un año antes de ser deportado. La madre de Stephanie, María Ortiz, sufre de una enfermedad crónica y la familia tiene miedo que Stephanie se quede sola: que su madre muera, que su padre siga deportado.

Stephanie y su madre podrían irse a vivir a México, donde reside actualmente Julio César Pucheta, pero no saben si María podría recibir allí el mismo nivel de atención médica que tiene en este país. Además, Stephanie, ciudadana de Estados Unidos, se resiste a creer que debe dejar el país donde nació. Quiere quedarse aquí y quiere llegar a ser abogada de inmigración.

“A veces pienso sobre eso”, dice en entrevista telefónica sobre la posibilidad de mudarse a México. “Pero otras veces me digo que no debo irme, porque aquí tengo educación, y como dice mi mamá, quiero ser alguien en el mundo”.

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Before You Go

Controversial Immigration Laws
The Template: California Proposition 187 (1994)(01 of07)
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California's Proposition 187 was submitted to the voters with the full support of then Republican governor Pete Wilson. It essentially blamed undocumented immigrants for the poor performance of the state economy in the early 1990s. The law called for cutting off benefits to undocumented immigrants: prohibiting their access to health care, public education, and other social services in California. It also required state authorities to report anyone who they suspected was undocumented. Status: The law passed with the support of 55 percent of the voters in 1994 but declared unconstitutional 1997. The law was killed in 1999 when a new governor, Democrat Gray Davis, refused to appeal a judicial decision that struck down most of the law. Even though short-lived, the legislation paved the way for harsher immigration laws to come. On the other hand, the strong reaction from the Hispanic community and immigration advocates propelled a drive for naturalization of legal residents and created as many as one million new voters. (credit:alamy)
The Worst: Arizona SB 1070 (02 of07)
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The Arizona Act made it a misdemeanor for an undocumented immigrant to be within the state lines of Arizona without legal documents allowing their presence in the U.S. This law has been widely criticized as xenophobic and for encouraging racial profiling. It requires state authorities to inquire about an individual's immigration status during an arrest when there is "reasonable suspicion" that the individual is undocumented. The law would allow police to detain anyone who they believe was in the country illegally. Status: The law was signed into law by Arizona Governor Jan Brewer on April 23, 2010. But it has generated a swirl of controversy and questions about its constitutionality. A federal judge issued a ruling that blocked what critics saw as some of the law's harshest provisions. House: 35-31 (4/12/2011) (credit:MARK RALSTON/AFP/Getty Images)
Following Arizona's Footsteps: Georgia HB 87(03 of07)
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The controversy over Arizona's immigration law was followed by heated debate over Georgia's own law. HB 87 required government agencies and private companies to check the immigration status of applicants. This law also limited some government benefits to people who could prove their legal status. Status: Although a federal judge temporarily blocked parts of the law considered too extreme, it went into effect on July 1st. 2011.House: 113-56 Senate: 39-17 (credit:AP)
Verifying Authorized Workers: Pennsylvania HB 1502 (04 of07)
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This bill, which was approved in 2010, bans contractors and subcontractors employ undocumented workers from having state construction contracts. The bill also protects employees who report construction sites that hire illegal workers. To ensure that contractors hire legal workers, the law requires employers to use the identification verification system E-verify, based on a compilation of legally issued Social Security numbers.Status: Approved on June 8th 2010. House: 188-6 (07/08/2010)Flickr photo by DonkeyHotey (credit:Flickr:DonkeyHotey)
A Spin Off of Arizona: Utah HB 497(05 of07)
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Many states tried to emulate Arizona's SB 1070 law. However, most state legislatures voted against the proposals. Utah's legislature managed to approve an immigration law based on a different argument. Taking into consideration the criticism of racial profiling in Arizona, Utah required ID cards for "guest workers" and their families. In order to get such a card workers must pay a fee and have clean records. The fees go up to $2,500 for immigrants who entered the country illegally and $1,000 for immigrants who entered the country legally but were not complying with federal immigration law, according to the LA Times.Status: Law went into effect on 03/15/2011House: 59-15 (03/04/2011)Senate: 22-5 (03/04/2011) (credit:AP)
The Most Comprehensive: Florida HB-1C (06 of07)
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Florida's immigration law prohibits any restrictions on the enforcement of federal immigration law. It makes it unlawful for undocumented immigrants within the state to apply for work or work as an independent contractor. It forbids employers from hiring immigrants if they are aware of their illegal status and requires work applicants to go through the E-verify system in order to check their Social Security number. Status: effective since October 1st, 2010 (credit:Getty)
The Hot Seat: Alabama HB 56(07 of07)
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The new immigration law in Alabama is considered the toughest in the land, even harder than Arizona's SB 1070. It prohibits law enforcement officers from releasing an arrested person before his or her immigration status is determined. It does not allow undocumented immigrants to receive any state benefit, and prohibits them from enrolling in public colleges, applying for work or soliciting work in a public space. The law also prohibits landlords from renting property to undocumented immigrants, and employers from hiring them. It requires residents to prove they are citizens before they become eligible to vote. The law asked every school in the state to submit an annual report with the number of presumed undocumented students, but this part, along with others, were suspended by federal courts. Status: Approved June 2nd, 2011 House: 73-28 (04/05/2011)Senate: 23-11 (05/05/2011)Flickr photo by longislandwins (credit:Flickr:longislandwins)